Organizaciones de derechos humanos valoran instalación de Oficina Descentralizada de la Fiscalía CPI en Caracas y exhortan a que precise su alcance, funcionamiento y garantías de seguridad
[Caracas/Washington D.C. Ginebra, 12 de abril, 2022]
Las organizaciones de derechos humanos firmantes saludamos el reciente anuncio del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim A.A. Khan, sobre el establecimiento de una oficina descentralizada de la Fiscalía de la CPI en Caracas, y que la misma trabajará de manera conjunta con importantes aliados internacionales. Sin embargo, consideramos necesario enfatizar algunos aspectos esenciales al respecto:
La necesidad de contar con una Oficina efectiva, que pueda cumplir con su mandato a cabalidad
Confiamos en el valor de la presencia local de la CPI a través de una oficina descentralizada. Para ello, hacemos un llamado a que la misma esté dotada del presupuesto necesario para poder tener un impacto real y significativo. Asimismo, esperamos que dicha oficina esté debidamente representada por un personal de alto nivel, con la experticia y el conocimiento de la situación sobre el terreno. Saludamos los anuncios realizados en torno a asegurar la cooperación por parte de las autoridades nacionales para la instalación de dicha oficina, así como para la entrada al país y libre circulación de su personal. No obstante, nuestras organizaciones han notado con preocupación, el reducido presupuesto y personal de otras oficinas descentralizadas de la CPI en el pasado, por lo que alertamos sobre tales riesgos y pedimos se hagan todos los esfuerzos para asegurar una oficina que pueda trabajar de modo oportuno, seguro, efectivo, e independiente.
La necesidad de que la Oficina trabaje con todos los actores claves
Si bien reconocemos la intención de la Oficina de la Fiscalía de estrechar lazos de cooperación con otros actores internacionales claves en el marco de la investigación en Venezuela, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), consideramos esencial que la Oficina descentralizada establezca también una relación de trabajo y una cooperación efectiva con otros actores, tales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (“MII”), la cual ha documentado fehacientemente los crímenes internacionales cometidos en Venezuela, así como el estado actual del poder judicial.
La necesidad de que la Oficina pueda constituir un espacio de diálogo genuino y seguro con víctimas, sus familiares, sus representantes, así como con la sociedad civil.
La interacción de la Fiscalía con la sociedad civil venezolana, pero, sobre todo, con las víctimas, sobrevivientes, sus familiares, y sus representantes, es un asunto de enorme relevancia. En este sentido, manifestamos nuestra preocupación por los pocos espacios de interacción con la sociedad civil que se han suscitado por parte de la gestión del Fiscal Khan en el marco de sus dos visitas a Venezuela. Hacemos un llamado a que la Oficina de la Fiscalía pueda generar espacios seguros y transparentes de diálogo con las víctimas y la sociedad civil en Venezuela, con las debidas garantías ofrecidas por parte del gobierno de que no se ejercerán represalias en contra de quienes se acerquen y cooperen con dicha oficina. Asimismo, reiteramos a la Oficina de la Fiscalía nuestro firme interés de continuar un diálogo fluido en todos los espacios de interacción posibles, incluyendo en La Haya.
Preocupación frente al trabajo con el sistema judicial venezolano
Manifestamos nuestra profunda preocupación sobre la forma en que la Fiscalía de la CPI vislumbra su trabajo con el actual sistema judicial venezolano. De acuerdo a lo expresado en sus comunicados, parece asumir que el actual sistema judicial venezolano podrá llevar a cabo, de modo independiente, y con voluntad genuina, investigaciones en torno a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
Como es de su conocimiento, y como lo ha destacado la MII, el actual sistema judicial está severamente cuestionado, no solamente porque su conformación incumple los estándares mínimos de imparcialidad e independencia, sino que además ha sido una pieza clave en la política de represión y afianzamiento de la impunidad. En este sentido, es preciso referirse al segundo informe de la MII, del 16 de septiembre de 2021, en el que concluyó que “los actores judiciales y fiscales no previnieron las violaciones y delitos cometidos por otros actores del Estado contra opositores reales o aparentes (…) Estos incumplimientos contribuyeron directamente a la impunidad de los delitos y las violaciones de derechos humanos e impidieron que las víctimas de las violaciones perpetuadas por los órganos de seguridad e inteligencia del Estado accedieran a recursos legales y judiciales efectivos”. Información corroborada también desde la OACNUDH en su informe anual de 2019 en que resalta que “[l]a falta de independencia del poder judicial y la corrupción en su seno constituyen importantes obstáculos a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación”, preocupación que se mantiene en otros informes más recientes.
Por lo anterior, si bien valoramos las referencias realizadas por la Fiscalía de la CPI en el Memorando de Entendimiento celebrado con el gobierno de Nicolas Maduro en torno a reconocer las reformas al sistema judicial que se realicen en Venezuela y consideramos importante que la Fiscalía incluya dentro de su mandato medidas de complementariedad positiva con el fin de fortalecer la capacidad de los operadores judiciales de investigar crímenes de esta naturaleza, nos preocupan las escasas garantías existentes en el actual sistema de justicia para poder investigar de modo genuino, efectivo e independiente. Consideramos por lo tanto que, a pesar de las actuales reformas iniciadas por el Estado, el sistema judicial venezolano carece de la capacidad y voluntad de llevar a cabo procesos judiciales independientes frente a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
Expresamos nuestra preocupación frente a la incertidumbre del rumbo de la investigación
En relación a las garantías que el Estatuto de Roma ofrece en torno a la complementariedad, incluyendo las medidas a la luz de los artículos 18 y 19, nos preocupa la falta de claridad del rumbo de la investigación en Venezuela, incluyendo los potenciales casos y presuntos responsables a ser investigados por la Fiscalía de la CPI. Es muy inquietante la falta de claridad sobre una idea fundamental: que la investigación en la CPI va a continuar. El lenguaje utilizado en el referido comunicado del Fiscal Khan en torno a que la investigación no es una vía “uni-direccional”, requiere mayor precisión. Del mismo modo es muy importante que se hagan públicas las conclusiones y los parámetros de la Fiscalía que motivaron la apertura de una investigación.
Enfoque de género en la investigación
Por último, invocamos a la Fiscalía de la CPI a que, a lo largo de su investigación, adopte un enfoque de género necesario no solo al momento del análisis de los crímenes realizados, sino también en su interacción con víctimas, familiares y representantes.
Desde el seguimiento de varios organismos internacionales se ha evidenciado que las víctimas siguen enfrentándose a obstáculos jurídicos para acceder a una justicia eficaz, en especial las mujeres quienes experimentan dificultades específicas por motivos de género y son quienes suelen estar en primera línea de la lucha por la verdad, la justicia y la reparación.
Acceso a la Justicia
Alerta Venezuela
Amnistía Internacional
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Justicia, Encuentro y Perdón (JEP)
Justicia y Proceso Venezuela (Juyproven)
Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
Robert F. Kennedy Human Rights
Vicaria de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
Women´s Link Worldwide
Desde Justicia y Proceso Venezuela, hemos venido denunciando el estado de indefensión en que nos encontramos los venezolanos ante los abusos perpetrados por el aparato de poder, dirigido por quienes, de hecho, ejercen el Poder Ejecutivo Nacional.
La directora de JUYPROVEN, la abogado Theresly Malavé, narró que tras la detención de un grupo de funcionarios de la Policía Metropolitana en el año 2002, el poder judicial en Venezuela se ha convertido progresivamente en una herramienta del gobierno para perseguir y violar los derechos humanos. Malavé recordó también que Lorent Saleh ha acompañado a los abogados, y ha asumido un rol fundamental en la lucha por la libertad de los presos políticos, lucha en la que participó hasta su detención.
Por su parte el abogado Juan González Taguaruco explicó las reiteradas irregularidades en el proceso de Saleh, destacando que aún no ha tenido lugar su audiencia preliminar, la cual ha sido diferida 51 veces; por otra parte destacó que la lección a aprender de la situación en el país es que la población debe actuar activamente en la vida política de la nación y la defensa de su democracia, para que «dejemos» así de ser «habitantes y pasemos a ser ciudadanos».
Para finalizar el foro «Soy humano y creo en mis derechos», realizado en la casa «La Comunera» en San Antonio de Los Altos en en estado Miranda, Yamile Saleh consideró que los métodos de tortura empleados por el Gobierno Nacional son inhumanos, y reiteró que «La Tumba y el Helicoide no deben existir». Finalmente, Saleh denunció que ha sido sometida a numerosas humillaciones por parte de diferentes autoridades del Gobierno Nacional.
Justicia y Proceso Venezuela 